El autor segura que el Estado necesita una herramienta que le permita esterilizar los excedentes vínicos, ya que sólo con el acuerdo Mendoza – San Juan no se logra ese propósito.
Cuántas veces en la mesa de las y los viñateros y bodegueros de la región hemos escuchado frases como las que aparecen a continuación:
“El vino es la moneda de Cuyo”. “Si el vino vale, entonces la economía de los departamentos productivos mejora”, “la vitivinicultura es cíclica”, “los abuelos tenían guardada una cosecha en la bodega”, “si hay menos de 4 meses de stock vínico, los precios se tonifican”. Y hasta el folclore mendocino nos anticipa en esa cueca autóctona: “Lo mucho es poco, lo poco es nada, todo depende de las heladas”.
En los 20 años de experiencia analizando y diseñando políticas con el objetivo de estabilizar los precios en el mercado de traslado y lograr una justa distribución de la renta entre los eslabones de la cadena vitivinícola, he escuchado esas frases muchas veces. Tantas veces que, se materializaron en una idea que no es propia, sino que nació de la misma industria; y que la actual gestión del Gobernador Rodolfo Suárez decidió llevarla adelante, a través del Proyecto de Ley que pretende crear el “Banco de Vinos de Mendoza”.
En el fondo es keynesianismo puro y duro: “cuando los precios están deprimidos por los excedentes, el Estado debe actuar corrigiendo el desequilibrio, hasta que se revierta el ciclo”.
Creo que ya nadie duda de que los precios de los productos en el mercado de traslado muestran un comportamiento cíclico y que el disparador del mismo son las inclemencias climáticas o sanitarias que afectan nuestra cosecha (principalmente las heladas, pero ahora se sumó otro factor: la escasez de agua).
También, entiendo que todos y todas sabemos que el único instrumento que tenemos para regular ese ciclo, es el Acuerdo Interprovincial de Diversificación con San Juan (una política que se viene aplicando desde 1995 hasta la actualidad; la cual establece anualmente un esquema que promueve la elaboración de mostos y la exportación de vinos). Este Acuerdo es operativo, pero no siempre es suficiente, ya que muchas veces no alcanza para “limpiar” los excedentes vínicos, porque la estructura productiva para hacer mosto tiene un techo y las exportaciones de vino dependen de variables que no controlamos a nivel regional.
En dicho contexto, el Estado necesita un instrumento para “esterilizar” los excedentes vínicos y sus efectos perniciosos, tal cual funcionan los Bancos Centrales que esterilizan la oferta de dinero para que no se dispare la tasa de inflación. La idea es exactamente la misma y ese proceso tiene un costo cuasi fiscal, que los Estados están dispuestos a asumir porque el beneficio de controlar la tasa de inflación es de orden superior.
Por tanto, destinar recursos fiscales en un organismo (“Banco de Vinos”) que los utilice para “esterilizar” periódicamente los excedentes de vinos, a través de un Programa de Control de Stock Vínico que otorgue un estímulo financiero a los tenedores de vino que quieran auto bloquearlos (ahorrarlos) por el tiempo que determine la Autoridad de Aplicación, traería como beneficio directo precios más estables y justos en el mercado de traslado; y como “yapa” contar con una reserva de vino para cuando las inclemencias climáticas o sanitarias afecten significativamente la cosecha, mitigando de esta manera las importaciones de vino.
No obstante, este proyecto tiene su talón de Aquiles: sus efectos positivos podrían “licuarse” en el largo plazo, si la producción crece por nuevas plantaciones de viñedos. Por esta razón, es que el “Banco de Vinos” necesita un complemento fundamental: “una Ley Nacional que regule la plantación de viñedos”, tal cual expresara el Gobernador Suárez en las tribunas de Vendimia.
En definitiva, se está planteando una medida de fondo, innovadora para estos tiempos, que apunta a solucionar el problema estructuralmente y que contribuye al bienestar general y al arraigo en las zonas rurales.
Fuente: losandes.com.ar
